Bertan Cazola entrevista de Guy Rider, secretario general de la Confederación Sindical Internacional
El ecologismo destruye puestos de trabajo. Las centrales térmicas crean empleo. Estos argumentos han enfrentado a menudo al sindicalismo con el movimiento verde. De hecho, la organización mundial de los sindicatos mantuvo una posición escéptica frente al protocolo de Kyoto, adoptado en 1997. Doce años después, el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Guy Rider, quiere que el acuerdo que sustituya al de Kyoto marque objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes ambiciosos. Para ello ha acudido a Barcelona, donde los Estados tratan de limar diferencias antes de la próxima cumbre del clima, en diciembre en Copenhague. Pero Rider rechaza las imágenes idílicas de un futuro verde y harmónico. "No hay un automatismo" entre defensa del medio ambiente y los intereses de los trabajadores, opina.
Pregunta. Los sindicatos hablan de cambio climático y defienden en Barcelona una reducción ambiciosa de las emisiones de gases contaminantes. ¿Ha habido un cambio respecto a hace un lustro?
Respuesta. Sí. En los últimos años los sindicatos han comprendido, a nivel internacional, que la lucha contra el cambio climático es también la lucha por el empleo del futuro. Pero no es una relación automática; tenemos que formular una transición justa, que permita luchar contra el cambio climático a la vez que se crean nuevos puestos de trabajo verdes y decentes. Y los Gobiernos deben implicarse. Necesitamos, de nuevo, Gobiernos nacionales intervencionistas y Estados que cooperen a nivel internacional.
P. ¿Qué factores han producido el cambio?
R. Dos cosas. Primero, el problema es cada vez más evidente. Todos se dan cuenta que el cambio climático es una realidad y de que hay que actuar ya. Segundo, el trabajador ya no tiene que elegir entre su puesto de empleo y la protección del planeta. Estamos en condición de superar esta contradicción aparente. Y por eso es tan importante que el acuerdo de Copenhague se comprometa con la transición justa. Las cuestiones sociales y de empleo deben ser una parte integral de la lucha contra el cambio climático. Si no, sería muy difícil tener una lucha ambiciosa contra el cambio climático. El apoyo popular desaparecería muy rápidamente.
P. ¿Qué significa transición justa?
R. Que las políticas contra el cambio climático tengan en cuenta las cuestiones de empleo, el diálogo social y la política industrial. Estamos ante una necesidad de replantear el sistema de producción que no hemos visto desde hace 80 años. Es una revolución productiva, y la transición justa coloca al empleo en el centro de este proceso.
P. ¿Existe una dicotomía entre los puestos de trabajo verdes, por ejemplo en el sector de las energías renovables, y los convencionales?
R. Tenemos que tener cuidado. Queremos promover el empleo verde, pero no debemos descalificar el trabajo convencional. Lo importante es que hay un movimiento generalizado hacia los puestos de trabajo sostenibles. Hemos de reducir las emisiones globales, pero los distintos sectores seguirán coexistiendo. Habrá procesos de reconversión sectorial que van a ser muy difíciles y tenemos que trabajar en ellos. No es una cosa fácil, ni automática. La mejor garantía es que los Gobiernos impliquen a los sindicatos y a la patronal. España tiene una experiencia muy positiva.
P. Habla de reconversiones difíciles. ¿Cómo de difíciles?
R. Algunos puestos de empleo van a desaparecer, creo que es inevitable. No es algo único; todos los días desaparecen puestos de empleo.
P. ¿Cuál es la posición de los sindicatos ante las negociaciones del clima?
R. La CIS pide que los países desarrollados, los del Anexo I, reduzcan un 85% de sus emisiones de gases contaminantes en 2025 respecto a 1990, y entre un 20 y un 45% para 2020. Es cierto que se trata de un objetivo ambicioso, pero otra cosa no sería realista. Y un no acuerdo no es una opción.
P. ¿Creen que su presencia en las negociaciones es suficiente?
R. Actuamos como un lobby que intenta influir en las negociaciones. En Barcelona hay unos 30 representantes del CIS, y en Copenhague esperamos ser unos 200. Queremos asegurar que la justicia social forma una parte central del acuerdo final. Y no es un secreto que hay Gobiernos que opinan que eso se debe mantener al margen, porque dificulta el acuerdo. Nosotros sostenemos lo contrario.
P. Cándido Méndez advierte que el mercado de derechos de emisiones de CO2 puede ser víctima de la especulación de determinados fondos financieros, como ocurrió con las empresas Puntocom o las hipotecas subprime. ¿Lo comparte?
R. Estoy a favor de que haya un mercado de derechos de emisiones. Es un instrumento útil. Sin embargo, es cierto que existe la especulación financiera entre en ese mercado y lo contamine. Para evitarlo, hay que diseñar medidas reguladoras.
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