La crisis económica global ha provocado en América Latina y el Caribe un aumento del desempleo, eventualmente acompañado de un aumento relativo del empleo precario, lo que restringiría el acceso, por vía laboral, la cobertura en salud y seguridad social.
También se prevé rigidez y posibles contracciones en las remuneraciones. Según sostiene la CEPAL, el impacto más fuerte de la crisis en materia social se hará sentir en el empleo, el acceso a la protección social y los niveles de pobreza.
Otros efectos negativos de la crisis económica en materia social podrían asociarse a una reducción de la ayuda al desarrollo, una baja en las remesas y una creciente reducción de margen fiscal para sostener o expandir el gasto social. Esto, a su vez, limitaría el margen de maniobra para paliar los impactos sociales de la crisis, sobre todo en la población de menores recursos y mayor vulnerabilidad.
Ante este escenario, la CEPAL propone la necesidad de un pacto social, basado en un enfoque de derechos, para enfrentar la crisis con criterios contracíclicos, y entendiendo que ello constituye también una oportunidad para construir acuerdos entre agentes en pro de mayor igualdad.
Para abordar el tema, la Comisión ha organizado actividades y publicado estudios que promueven la protección del gasto social, el mejoramiento de los sistemas que lo miden, y el rediseño de políticas que mejoren su gestión.
Durante el seminario “El gasto social en la crisis: cómo mejorar el análisis del gasto social frente a los desafíos actuales en América Latina y el Caribe”, organizado por la Comisión, se presentaron los casos de de Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Paraguay y Perú en relación al mejoramiento de la medición y orientación del gasto social en la coyuntura actual. Se realizaron aportes en este sentido, advirtiendo sobre los posibles efectos regresivos en la distribución de los costos de la crisis.
Tras plantearse por qué importa abordar el gasto social desde una perspectiva de derechos en tiempos de crisis, la Comisión insistió en que desde la perspectiva normativa de los derechos sociales se ejerce mayor presión ética y política para cautelar el acceso a la protección social, y se emplaza al Estado a hacerse responsable.
Al plasmar las prestaciones en derechos y en leyes, se le da sustancia ética y política a un pacto social frente a la crisis, y se refuerza la exigencia de continuidad y progresividad en lo social frente a cambios en la contingencia.
Además, se provee un marco para conjugar políticas de inclusión y equidad en el largo plazo. Estas podrían incluir un pilar solidario de la protección social, mayor progresividad del gasto social y de la estructura tributaria, esfuerzos en capital humano en los sectores más vulnerables, capacitación y protección frente al desempleo.
Durante otro seminario realizado en Guatemala, titulado “Repensar lo social en tiempos de crisis”, se hizo hincapié en que el desempleo y la disminución de los salarios, así como el crecimiento del sector informal, amplían la demanda de atención de salud pública y de los programas asistenciales.
Las restricciones del mercado de trabajo afectan a los sectores vulnerables de manera desmedida, castigan con más dureza a minorías étnicas y a las mujeres, y son más graves cuando la presión tributaria de los países es muy baja y las coberturas de la protección social contributiva son reducidas y poco solidarias.
También se destacó que la crisis a afecta a los sistemas de pensiones que invirtieron recursos en mercados financieros desregulados.
La crisis económica global atañe al financiamiento de la protección social debido a la caída tanto de las contribuciones como de los ingresos fiscales. En materia tributaria, el gran peso de los impuestos indirectos tiene implicancias distributivas regresivas en la estructura fiscal.
En el seminario se concluyó que para que el gasto social tenga efectos anticíclicos beneficiosos, es necesario aumentar la carga tributaria y mejorar la calidad de los sistemas tributarios. Hubo consenso en fortalecer la imposición a la renta personal y de empresas, como también en combatir la evasión y la morosidad, con prioridad en los impuestos directos.
En resumen, proteger el gasto fiscal se hace indispensable para fortalecer la protección de los sectores vulnerables en sus distintas dimensiones: salud, pensiones, programas de transferencias condicionadas. Para esto es necesario incrementar los aportes fiscales directos del Estado, y crear paquetes básicos de prestaciones garantizadas para toda la población que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres en la economía del cuidado.
La CEPAL realizó dos nuevos estudios sobre el tema: “Hacia la universalidad, con solidaridad y eficiencia: el financiamiento de la protección social en países pobres y desiguales”, que recomienda elevar los recursos destinados a los sistemas de salud y de pensiones para lograr una mayor equidad. Y “Desafíos de los programas de transferencias con corresponsabilidad: los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua", que analiza las fortalezas y debilidades de los programas de transferencias condicionadas.
Enlaces para los reportes mencionados:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario